El nuevo informe de auditoría: una brújula para el inversor

Dotar a los informes de auditoría de mayor contenido, aportar información relevante para el inversor y proveer de mayor transparencia al mercado. Con estos objetivos en el punto de mira, el organismo emisor de las Normas Internacionales de Auditoría (IAASB, en sus siglas en inglés) desarrolló una nueva norma sobre los informes de auditoría que se aplicará en el caso de las entidades españolas en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017 y que, en consecuencia, se harán públicos en 2018.  Empieza por tanto la cuenta atrás para conocer cómo será la estructura y contenido de estos nuevos informes, aunque en los estados semestrales de algunas entidades financieras ya se han incluido estos requerimientos normativos, que ponen el foco en los riesgos más relevantes para el auditor a la hora de elaborar su informe. Una de las cuestiones claves del nuevo informe, que acompañará a las cuentas anuales de las compañías cotizadas, las entidades de interés público y todas aquellas empresas auditadas, es que dejará atrás el formato binario –opinión con o sin salvedades– y ofrecerá una información más completa sobre el trabajo realizado por el auditor. El propósito es proporcionar al profesional una herramienta para reflejar las cuestiones que más le preocuparon durante su trabajo de auditoría. De esta forma se trasladará al mercado los puntos primordiales del enfoque llevado a cabo por el auditor, una cuestión que actualmente forma parte de las conversaciones regulares que mantiene el auditor con las comisiones de auditoría de las empresas y que, por primera vez, estará a disposición del inversor. En concreto, el auditor señalará los aspectos claves más significativos en los que se ha detenido a la hora de realizar su informe. El profesional deberá explicar el motivo por el que considera que  dichas cuestiones tienen una mayor relevancia, un resumen de cómo las abordó en su auditoría y observaciones substanciales respecto a dichos riesgos. En el caso de Santander o de BBVA –dos de las entidades españolas que ya han incluido el nuevo modelo de informe en los estados financieros cerrados a 30 de junio del pasado año–, los auditores destacaron como aspectos claves, entre otros, el deterioro por riesgo de crédito o de la cartera de préstamos y partidas a cobrar; la valoración de los fondos de comercio; la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos o los compromisos por pensiones.  Con esta información más pormenorizada, completa y diferencial, los inversores contarán con un instrumento más a la hora de analizar los estados financieros de las empresas y comparar compañías, a la vez que se fomenta el valor de los informes. España se suma así a otros países como Australia, Holanda y Reino Unido, que ya elaboran los informes de auditoría de acuerdo con estas directrices, con una buena acogida por parte de los grupos de interés. Además de otros países miembros de la Unión Europea, que deberán trasladar la directiva comunitaria, Estados Unidos y Canadá se sumarán en los próximos años a los requerimientos incluidos en las Normas Internacionales de Auditoría. La normativa recoge también algunas guías a la hora de realizar el informe. Así, se aclara que la información recogida en el informe se basará en hechos, se adaptará a las circunstancias específicas de la sociedad, será concisa y no contendrá un lenguaje excesivamente técnico. Es más, la norma insta a aportar detalles suficientes para comprender cómo abordó el auditor la cuestión. En el informe se dejará constancia por escrito de la independencia del auditor y de que éste ha cumplido con los requerimientos éticos exigidos. Del mismo modo se informará de la responsabilidad del auditor, de la dirección y de los ejecutivos de la empresas en relación con los estados financieros. El informe deberá incluir además la fecha de designación y periodo total del contrato, incluyendo renovaciones; una declaración de que no se ha prestado ningún trabajo adicional incompatible con el de auditoría y, en su caso, se especificará los servicios prestados a la entidad auditada que no se hayan detallado en los estados financieros o en el informe de gestión.

2018-01-05T12:11:27+00:00 05 enero 2018|Actualidad del sector|